Pasos necesarios hacia una práxis sindical antirracista

La migración es un fenómeno que nos involucra a todas de diversos modos. Lejos de ser algo puntual, la movilidad de personas es parte de la historia de los pueblos y de los territorios. Existen diferentes “factores”, en origen y en destino, que llevan a que diversas personas en diferentes contextos se vean en la tesitura de iniciar un proceso migratorio.

Persecución, supervivencia, saqueo, expolio, empobrecimiento, violencias, falta de perspectiva de futuro, búsqueda de mejores oportunidades; suelen ser caras de una misma moneda. Este sistema capitalista, heteropatriarcal, colonial, racista y biocida; que bajo la bandera de la libertad y la liberalización encubre una política global de muerte y control que lo que más restringe y condiciona es la movilidad de las personas. Sobre todo la de algunas personas de algunos territorios considerados como un problema o una amenaza.

Necropolítica, militarización de las fronteras, explotación laboral y vulneración de derechos fundamentales exponen en Euskal Herria hoy a miles de personas migradas y racializadas que no encuentran oportunidades desarrollar una vida en condiciones dignas.
Siguiendo los datos recogidas en el 10 número de Ikusmiran, el número de personas nacidas fuera del estado español que residen en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia ha aumentado un 46%, ascendiendo desde el año 2008 de un 7.59% a un 11.14% en 2021.

Especialmente, quiénes se encuentran en situación administrativa irregular se están viendo sujetadas por diferentes situaciones de chantaje, abuso y discriminación

Más allá de estas cifras cabe señalar algunos elementos. Mientras por una parte, tal vez en relación con el empeoramiento de las condiciones materiales de vida y empleo que en términos generales ha sacudido al conjunto de la clase trabajadora y de los sectores populares, y junto a otros elementos que ha podido activar la pandemia y el confinamiento; ha aumentado la tendencia de retorno a origen por parte de personas y familias asentadas en EAE. Por otro lado, la crisis socio-económica generada por el COVID 19, ha tenido impactos concretos y diferenciados en las condiciones de vida y de empleo de las personas migradas y racializadas en nuestro territorio.

Muchas personas en los últimos años han tenido dificultades al momento de realizar las tramitaciones de renovación de sus expedientes y permisos, por lo que una proporción importante de estas ha recaído en la llamada situación de irregularidad sobrevenida

Tanto las que cuentan con un estatus migratorio “regularizado” como, y especialmente, quiénes se encuentran en situación administrativa irregular se están viendo sujetadas por diferentes situaciones de chantaje, abuso y discriminación. Tal es así que, tras tal crisis y debido a mencionado empeoramiento de sus condiciones materiales, muchas personas en los últimos años han tenido dificultades al momento de realizar las tramitaciones de renovación de sus expedientes y permisos, por lo que una proporción importante de estas ha recaído en la llamada situación de irregularidad sobrevenida. Lo que implica un retroceso en términos de derechos y avances de lo que significa un proceso migratorio y todo lo que implica tener que pasar hasta llegar a conseguir los preciados papeles.

Las condiciones en las que se encuentran estas trabajadoras suelen combinar vulneración de derechos laborales con discriminación y abusos. Figuras de explotación y precarización como la obligación a funcionar como “falsos autónomos”, el incumplimiento de lo pautado en contratos (verbales y escritos) y convenios, salarios por debajo de la jornada y de los mínimos legales, economía sumergida (sin contrato, ni cotización ni seguimiento de Inspección), incumplimiento de los descansos, festivos y/o vacaciones, impago de horas extraordinarias, antigüedad, categorías, nocturnidades. Falta de respeto, condiciones habitacionales insalubres, hacinamiento, vulneración del derecho a la sanidad, al empadronamiento, maltrato físico y emocional, chantaje psicológico, discriminación por religión y/o raza, retención de la documentación.

Una Ley de Extranjería del estado español especialmente diseñada para garantizar un ejército de reserva, barato y flexible, empleable durante al menos tres años en sectores laborales especialmente duros y de los que se extrae un gran plus valor

Economía sumergida, poco o nulo seguimiento por parte de inspección de trabajo, jornadas laborales abusivas, contratos falsos, vulneración del derecho a la salud laboral y a la organización colectiva, temporalidad y parcialidad; configuran en suma un escenario laboral complejo. Que es posible gracias a una Ley de Extranjería del estado español especialmente diseñada para garantizar un ejército de reserva, barato y flexible, empleable durante al menos tres años en sectores laborales especialmente duros y de los que se extrae un gran plus valor. El aporte de estas trabajadoras en sectores como construcción, hostelería, pesca, industria conservera y alimentaria, huertas y viñedos, limpieza, plantas de reciclaje y compostaje, hostelería, servicio de ayuda a domicilio, residencias, empleo de hogar y de cuidados; resulta fundamental y ha quedado evidenciado en el último tiempo.

Desde LAB, tras un proceso participativo en el que participaron unas 140 trabajadoras migradas y racializadas en 9 localidades de Hego Euskal Herria, llegamos a una primera y contundente reflexión: como organización socio-sindical de contrapoder, soberanista, feminista, internacionalista, que trabaja hacia una transición eco-social justa; tenemos que avanzar en construirnos como sindicato antirracista.

Como organización socio-sindical de contrapoder, soberanista, feminista, internacionalista, que trabaja hacia una transición eco-social justa; tenemos que avanzar en construirnos como sindicato antirracista

Frente a la ley de extranjería del estado español y, como ha quedado en evidencia con la guerra de Ucrania y la regularización selectiva de algunos refugiados según criterios que no son equitativos ni justos para todas las personas refugiadas; somos conscientes de que falta voluntad política para garantizar condiciones de vida y empleo dignas para todas las personas que deciden hacer su vida en EH.

Desde nuestro lugar trabajaremos para que Euskal Herria sea un pueblo de acogida. Iremos dando pasos que nos acerquen hacia una praxis sindical antirracista que nos implicará a todas.