Ana Juanche

¿Sobre qué principios debería de organizarse un modelo penitenciario bajo un paradigma progresista?

La prisión moderna surge como alternativa al castigo brutal. Sin embargo, en varias regiones del mundo —particularmente en América Latina— las condiciones de vida de las personas privadas de libertad constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Esto es consecuencia de la gestión orientada en el modelo corrector, pero sobre todo, de los enormes niveles de hacinamiento que derivan del uso de la privación de libertad como regla y no como último recurso frente al delito.

El primer requisito para organizar un sistema penitenciario en clave humanista es racionalizar el uso de la prisión. Esto requiere una profunda y plural discusión sobre la necesidad de revisar la política criminal para revertir la inflación penal punitiva. La combinación de más conductas consideradas delitos, penas más severas y mayores restricciones para acceder a los institutos liberatorios es la razón del colapso estructural del sistema penitenciario. Por eso, en clave progresista, el primer principio es el de la racionalización de la prisión: reservarla para aquellos casos en que no exista otra respuesta más idónea y proporcional al daño causado. En este sentido, la evidencia señala que las medidas alternativas al encarcelamiento, aplicadas en todas las fases del sistema penal tienen, además de mayor efectividad que la prisión (las personas reinciden menos), mayor costo-eficiencia, pues la cárcel es muy cara y sus resultados son muy malos. En Uruguay, a los tres años de haber sido liberadas el 65 % de las personas reingresa a la cárcel (Ministerio del Interior, 2023).

¿Se puede humanizar la cárcel?

La cárcel necesita una meta inspiradora, un objetivo distinto al del castigo

Además de lo anterior, la cárcel necesita una meta inspiradora, es decir, un objetivo distinto al del castigo o la mera incapacitación temporal de la conducta delictiva. Para humanizar la cárcel es preciso que el Estado trabaje para la reinserción social de quienes cometieron delitos. En este sentido, debe intervenir sobre los factores que inciden en la conducta delictiva, para modificarlos, al tiempo que fortalecer aquellos que actúan como protección. Esta perspectiva es posible si el sistema está centrado en las personas, sus necesidades y capacidades. Para eso, la política de ejecución penal debe estar basada en derechos humanos y asegurar todos los elementos que caracterizan a las políticas públicas: ser planificadas con plazos de ejecución de mediano y largo plazo, sobre bases confiables de información, ser medibles y evaluables, estar sujetas a la rendición de cuentas y consultar en todo su ciclo a los actores directamente involucrados, la sociedad civil y la academia.

Durante los gobiernos del Frente Amplio se ha tratado de implementar esa lógica humanista y transformar el modelo penitenciario. ¿Cuales han sido los principales avances en ese terreno?¿Y qué queda por hacer?

En 2010, tras un amplio acuerdo interpartidario, se creó el Instituto Nacional de Rehabilitación, para gestionar unificadamente todo el sistema penitenciario. Se incorporó personal civil (operadores penitenciarios), se construyeron nuevas unidades y se refaccionaron otras. También se comenzó a trabajar, paulatinamente, en la organización de la intervención técnica, como una dimensión esencial de la gestión integral de la privación de libertad. Así, se crearon los programas de trato orientados a garantizar el acceso a los derechos y los de tratamiento para trabajar sobre los factores de riesgo que inciden en la conducta delictiva. Con el paso de los años, los avances han sido diversos, pero aún hace falta una ley de ejecución penal moderna, una ley orgánica que asegure la intervención orientada a la reinserción social, un presupuesto y una estructura institucional acordes. También fortalecer a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, para que su gestión permita los mejores niveles de cumplimiento.

Además, es necesario formular una política de Estado, de largo aliento, que asegure acciones sostenibles más allá de los ciclos específicos de la administración de gobierno, basada en derechos humanos y con perspectiva de género.

 

 

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Desde tu nueva responsabilidad (es la nueva directora del Instituto Nacional de Rehabilitación del gobierno del Frente Amplio), ¿cuál es el diagnóstico que haces sobre de la situación del sistema penitenciario?

Mientras que la población de varones privados de libertad ha aumentado un 20% desde el año 2000, la de mujeres ha aumentado en un 53% durante el mismo período. En números absolutos, en los últimos 5 años, la población privada de libertad creció en 5.500 personas, pero el presupuesto y los recursos materiales y humanos no acompasaron ese incremento. El fuerte sesgo de género en el crecimiento de la población es producto de las modificaciones legales que acentuaron la penalización de los delitos de drogas, en los que las mujeres se involucran como el eslabón más débil. Como señalé previamente, el crecimiento sostenido y la falta de planificación presupuestal adecuada han agravado los problemas estructurales del sistema.

Defiendes tomar medidas alternativas a la prisión y que la privación de la libertad sea el último recurso, que solo se aplique cuando esté probado que no hay alternativas más efectivas. ¿Cuáles pueden ser esas medidas alternativas?

Lo sustantivo es que las medidas alternativas a la prisión sean compatibles con el desarrollo de la vida cotidiana

Las medidas alternativas deben buscar la responsabilidad activa de las personas involucradas, ya que están enmarcadas en el paradigma de la justicia restaurativa. En este sentido, la experiencia comparada arroja un elenco variado, que incluye acciones de resarcimiento económico (como las multas), trabajo en favor de la comunidad y participación en programas de tratamiento para el control de la violencia, la regulación emocional, el uso problemático de sustancias, el desarrollo de habilidades prosociales y el fortalecimiento de competencias a través de la educación y la formación profesional para el mundo del trabajo, entre otras. Estas acciones pueden combinarse entre sí y con sistemas de control electrónico, por ejemplo. Lo sustantivo es que las medidas sean compatibles con el desarrollo de la vida cotidiana; en términos concretos, que no obstaculicen las tareas de cuidados, las trayectorias laborales y educativas de las personas.

Te hemos escuchado decir que aunque siempre se plantee que el modelo de rehabilitación se debe basar en la educación y el trabajo, estos dos son factores necesarios, pero no son suficientes. ¿Puedes desarrollar esa idea?

La evidencia señala que las razones por las que las personas se involucran en el delito son diversas. La criminología empírica se ha especializado en generar evidencia sobre cuáles son los principales riesgos que inciden en que una persona cometa delitos (riesgos o factores criminógenos) y cuáles son las respuestas más efectivas para que desistan. En el conjunto de riesgos, hay algunos estáticos y otros dinámicos, susceptibles de ser modificados. Sobre estos últimos es posible intervenir: la conducta antisocial, el patrón de personalidad antisocial, el pensamiento antisocial, las redes o vínculos antisociales, los problemas en la educación o el trabajo, los problemas familiares o de pareja, el uso problemático de sustancias y el uso inadecuado del ocio. El planteo es que la reincidencia puede ser reducida al identificar y abordar estos factores criminógenos específicos, a través de intervenciones intencionadas y estructuradas. En síntesis, como el delito es multicausal, la respuesta debe ser multimodal, es decir, dirigida a abordar todos los riesgos criminógenos. Por ejemplo, si la persona es usuaria problemática de drogas, tiene vínculos con pares involucrados en el delito y escasa trayectoria educativa y laboral, además de abordar esto último, será imprescindible intervenir para que modifique su relación con las sustancias y sus vínculos procriminales.

La educación y el trabajo son factores fundamentales, pero no suficientes para alejar a las personas del delito.

¿Qué se puede hacer desde las fuerzas políticas y sindicales transformadoras para impulsar cambios en el sistema penitenciario? ¿Ha habido experiencias en ese sentido?

Como el delito es multicausal, la respuesta debe ser multimodal, es decir, dirigida a abordar todos los riesgos criminógenos

En Uruguay hay diversas experiencias de involucramiento de los sindicatos en el proceso de ejecución penal. Por un lado, a través de convenios con el Estado, participan en procesos de formación profesional y para el mundo del trabajo y, por otro, asumen acciones de acompañamiento al egreso e inclusión laboral con personas liberadas. En estas experiencias han participado el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), el Sindicato Único de la Aguja (SUA), la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (UNTMRA) y la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB).