César Manzanos Bilbao

Comencemos con un resumen, y a su vez, conclusión: más de 40 años esperando unas transferencias en materia de ejecución penal para la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) que llegaron hace algo menos de 4 años, no han supuesto ningún cambio sustancial en la política carcelaria. El Gobierno Vasco ha seguido reproduciendo, e incluso endureciendo, su política criminal en general y en materia penitenciaria en particular.

Anunció el llamado “modelo penitenciario vasco” con el fin de legitimar la transferencia y conseguir así un consenso político para evitar resistencias. Una vez que lo consiguió, abandonó la idea de crear servicios y recursos alternativos al encierro carcelario ordinario y se ha centrado en enfrentar los graves problemas de gestión de las cárceles y los conflictos con sus funcionarios. Los problemas endémicos en las cárceles continúan e incluso se agravan: muchas personas presas con residencia o arraigo en la CAV cumplen sus condenas fuera, violación de derechos no suspendidos en el fallo condenatorio, muertes por motivos no naturales de juventud presa, hacinamiento, condiciones precarias de confinamiento, abandono de la población encarcelada y sus familias a su suerte, etcétera.

Además, su proyecto en desarrollo consiste en blindar las cárceles centrándose en la creación de un módulo de máxima seguridad y aislamiento para tratar de reforzar la gobernabilidad de las mismas, y sobre todo, continuando con el negocio de la creación de infraestructuras carcelarias, así como con la dotación de equipamientos y servicios de abastecimiento de las que, entre otras, se vienen lucrando empresas afines al PNV.

Según el Estatuto de Gernika, de 1979, la CAV, tiene competencias en materia de ejecución penal. En el caso de Nafarroa, también el Amejoramiento del Fuero de 1982 las recoge. Se da un amplio margen de actuación, que incluso podría llegar a suponer la aprobación de un reglamento penitenciario propio. Claro está, siempre dentro de las leyes estatales: Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la Ley Orgánica General Penitenciaria. No nos olvidemos de que en el mapa de los meso-gobiernos autonómicos lo que hay es una descentralización administrativa, no política.

Por cada persona encerrada, viven dos. Eso es lo que hace que la cárcel sea un negocio

Se han transferido el funcionariado y las infraestructuras carcelarias y punto. Es decir, lo que tiene que ver con cómo se ejecuta el cumplimiento de la pena de cárcel. Ciertamente, esto es muy limitado. Pero no quiere decir que no haya posibilidad de hacer dentro del marco legislativo vigente muchas cosas que ya se podrían haber hecho sin las transferencias y que, el no tenerlas, no fue sino una coartada para eludir responsabilidades. Lo que hemos planteado desde Salhaketa es que no se abran más infraestructuras cerradas, como es el caso de Zubieta, en Gipuzkoa. Y lo que pensamos que podemos hacer es poner en práctica un modelo alternativo de ejecución penal.

Esto ya está estudiado. En nuestro caso, llevamos desde el año 1986 con el tema, cuando realizamos siete informes sobre transferencias en materia penitenciaria. Luego se hicieron trabajos sobre el régimen abierto en prisiones. También hicimos una gran investigación desde la Universidad del País Vasco (Instituto Vasco de Criminología y Departamento de Sociología), en el 2006, por encargo de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco, sobre cómo crear un modelo alternativo de ejecución penal en el contexto del autogobierno, cuyo objetivo estratégico finalista era cerrar los centros existentes, en aquellos tiempos, Basauri, Nanclares de la Oca y Martutene. Por tanto, ya se han hecho muchas cosas y ahí hay un trabajo de fondo sólido. Lo que ocurre es que hay otras cuestiones que priman más a la hora de entender cómo reaccionar ante el delito, y a la hora de instrumentalizar mercantil y políticamente todo lo que tiene que ver con las respuestas que se dan.

Así la preocupación se ha centrado —y ahí han presionado mucho los sindicatos profesionales— en que el funcionariado lo que quiere es quedarse en buenas condiciones laborales, y al igual que en el resto del Estado equipararse a la policía autonómica en cuanto a su estatus como agentes de la autoridad. Por cierto, que antes de las transferencias, la única competencia plena que asumió el Gobierno Vasco en relación con las cárceles fue la vigilancia por parte de la Ertzaintza. Bonita forma de empezar la casa por el tejado.

La primera cuestión en relación con la apuesta por el encarcelamiento selectivo es el negocio de la cárcel. Para que nos hagamos una idea, en el Estado cada plaza carcelaria nos cuesta entre 30 mil y 36 mil euros al año. La mitad se ha ido ya en las obras de construcción de nuevas macrocárceles como es el caso de Zaballa y Zubieta. Es el negocio del holding del cemento, del que tanto sabemos en Euskal Herria. Ha sido una de las principales fuentes de enriquecimiento y capitalización de la burguesía vasca.

Por eso, entre otras razones, se construyen las macrocárceles en Araba y Gipuzkoa y se quiere cerrar Martutene por el importante valor urbanístico que tienen sus terrenos. Del resto del dinero no destinado a nuevas infraestructuras carcelarias, unos 18 mil euros, las tres cuartas partes se va en sueldos a funcionarios. Dicho de otro modo: hay un montón de gente que vive de tener encerrada a otra. Luego estarían los servicios que se prestan a las cárceles por parte de empresas. Está toda la cuestión que tiene que ver con los bienes corrientes y servicios: la luz, el teléfono, el gas, el abastecimiento y mantenimiento… O sea, que de la cárcel vive mucha gente. Por lo menos por cada persona encerrada, viven dos, por poner una imagen. Eso es lo que hace que la cárcel sea un negocio y que realmente interese tener a una serie de sujetos encerrados aquí y en el resto del mundo.

Además, en segundo lugar, la cárcel tiene otra función simbólica no menos importante. Las personas encarceladas son los chivos expiatorios de un sistema de control formal (policial y penal) fundamentado en la falsa idea de que los delincuentes son los que están en la cárcel. Los delincuentes no son los que están en la cárcel. En la cárcel puede haber algunos delincuentes, entendido como aquellos que han transgredido las leyes penales, pero son una parte ínfima. Además, hay una parte importante de quienes están en prisión que no debían de estar.

 

 

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Veamos, por ejemplo, qué pinta en prisión el porcentaje tan alto de juventud con enfermedad mental o patología dual. En general, todos han sido perseguidos y penados por delitos contra la salud pública relacionados con el consumo, distribución y delitos menores contra la propiedad vinculados a la drogodependencia. Son a los que persigue y procesa la policía, el sistema de justicia criminal y la cárcel. En este caso, la cárcel lo único que hace es deteriorarlos y agravar sus condiciones de vida. Así, la cárcel ha sido abolida de hecho para la gran mayoría de infractores de las leyes penales que no son perseguidos, penalizados ni encarcelados, y el sistema punitivo se ha centrado principalmente en criminalizar la pobreza, a la juventud marginada y a determinados tipos de disidencia política.

Estas cuestiones sobre por qué interesa que existan las cárceles explican y ocultan la falta de voluntad política para transformar el sistema de ejecución penal. Lo cual se traduce en los discursos y en la retórica política y de la judicatura. Cuando se han negociado las transferencias, por ejemplo, hay responsables que han asumido la coordinación de todo el proceso y que dicen que no funciona extender la aplicación de una sustitución de la condena o suspensión condicional, medidas penales que se podrían aplicar 3 de cada 4 de quienes están en prisión que son jóvenes con drogodependencias y/o con enfermedad mental. Han defendido públicamente que lo único que sirve es castigarles, encerrarles. Desde Salhaketa hemos reivindicado que se apliquen y se apoyen programas socio-sanitarios, para que el gran grueso de la población que está encerrada en prisiones pueda cumplir en programas especializados en tratamientos de drogodependencias, de salud mental, de patología dual, etcétera. Esto unido a programas de inserción socio-laboral y de apoyo psico-social.

Y no es un planteamiento teórico, sino que parte de una reflexión sobre nuestra experiencia de acompañamiento que, en síntesis, es saber que con salud y autonomía las personas no vuelven a prisión. La respuesta que dan cuando se plantean este tipo de alternativas, con programas concretos y perfectamente articulados, es del todo simple: “No, es que si no los metes a la cárcel no escarmientan”. Esto es hacernos creer que la cultura del castigo y la punición sirven para que la gente modifique sus comportamientos. Nada más lejos de la realidad.

Si no hay una apuesta firme y una convicción de que se puede generar un sistema de justicia que sea restaurativa, que sea reparadora, que sea reconciliadora, no hay cambio

Si no hay una apuesta firme y una convicción de que se puede generar un sistema de justicia que sea restaurativa, que sea reparadora, que sea reconciliadora, no hay cambio. Una justicia que no sea complementaria a la justicia vengativa, sino que la sustituya. En todos los trabajos que hemos elaborado a partir de exitosas experiencias hemos incluido un plan estratégico, en el tiempo, para que realmente se implementen una serie de acciones, programas y políticas tendentes a hacer desaparecer el encierro carcelario y, en cualquier caso, a reducirlo a su mínima expresión.

Sin olvidar que, a corto plazo, existen medidas muy urgentes a tomar desde ya, como, por ejemplo, sacar a todas las personas que tienen enfermedad mental y patología dual de prisión. La cárcel está plagada e infectada de personas enfermas que pululan por los patios, metiéndose todo lo que pillan. Lo primero son medidas que tienen que ver con programas socio-sanitarios coordinados entre Osakidetza y los servicios de ejecución penal. La cárcel es un lugar donde la mayoría de personas necesitan un tratamiento médico especializado o una hospitalización. Lo primero y lo más urgente es eso.

Por otra parte, al no haber una apuesta decidida por todo lo que tiene que ver con el apoyo social y con las medidas socio-sanitarias, los funcionarios no tienen criterio para poder responder a las necesidades de las personas presas. Surge el grave problema de la seguridad en las cárceles donde no están seguras ni las personas presas y sus familiares, ni el funcionariado. Las personas encarceladas están totalmente frustradas por su situación: “estoy en prisión por haber infringido la ley, y conmigo se están violando derechos que no están en el fallo condenatorio: el derecho a la salud, a un trato digno, a la intimidad, a la vida…”. Hay una sensación de inseguridad permanente. Y el derecho más importante es a la seguridad, lo que se llama la seguridad jurídica. Tener garantías de que yo voy a poder disfrutar realmente de los derechos que tengo reconocidos. Y ante esto lo que se crea es un clima de violencia y abuso de autoridad. En prisión hay problemas de malos tratos: los funcionarios muchas veces recurren a medidas de contención, a medidas extremas de utilización de material de antidisturbios entre otros motivos, cuando la situación se les desborda.

En otro orden de cosas y, por último, hemos de manifestar que nos quedamos muy decepcionados tras tantos años de lucha y trabajo de concienciación cuando se aprobó la transferencia para la CAV. No esperábamos que los partidos de izquierdas apoyaran la transferencia y no firmaran el “manifiesto en defensa de un modelo de ejecución penal de orientación social” que planteaba esa progresiva desaparición de la cárcel y la sustitución por otro tipo de servicios y centros alternativos. Sí lo apoyaron algunos movimientos sociales y sindicatos, incluso sindicatos mayoritarios como LAB o Steilas. Pero por ejemplo organizaciones que giran en torno a la órbita del satélite de lo penitenciario, tampoco lo asumieron, quizá por querer su parte del pastel en la gestión carcelaria.

Gran parte de la población vasca entiende que, por ejemplo, la gran mayoría de las personas que están en prisión podían estar en centros abiertos

En esto sí que es cierto que nos hemos quedado muy solos. Se dice que la sociedad no está por un modelo alternativo. Y eso no es cierto. Hemos investigado también en la UPV qué disposición tiene la población hacia medidas alternativas a la prisión. Y nos quedaríamos sorprendidísimos al ver cómo gran parte de la población vasca entiende que, por ejemplo, la gran mayoría de las personas que están en prisión podían estar en centros abiertos, en programas socio-laborales o socio-sanitarios.

Sin embargo, la construcción que se hace es otra. Es que la “sociedad” pide cárcel y mano dura. Claro, porque la gente ve la cárcel en la televisión. Creen que los que están encerrados son gente malísima, que tienen el gen de la violencia y que por eso tienen que estar encerrados o muertos. Pero si conociéramos a quienes están en prisión, la cosa cambiaría. El que no haya voluntad por parte de los agentes que se erigen en representantes de la voz y el sentir de la sociedad, como son los políticos, las empresas mediáticas, o las asociaciones, no quiere decir que la sociedad tenga esa visión. Una cosa es la opinión publicada, lo que se dice, y otra cosa es lo que la gente piensa. Por tanto, un modelo alternativo al encarcelamiento está mucho más legitimado socialmente de lo que se nos pretende hacer creer.