Jaime Palomera | Sindicat de llogateres

«Hemos logrado pasar de una situación de desprotección absoluta a una regulación muy avanzada a escala global»

Jaime Palomera es miembro y coportavoz del Sindicat de llogateres. Doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona.

Uno de los grandes logros del Sindicat, y en el que queremos poner el foco, es la aprobación en Catalunya de la ley de vivienda, algo en lo que llevabais tiempo trabajando.
En 2020 logramos impulsar una ley en Catalunya en la que fuimos proponentes y redactores, que posibilita regular los precios del alquiler. Y no solo se contempla la limitación de precios, sino que también obliga a bajarlos. Solo hay un referente en Europa en ese sentido, que es Berlín. Lo llamativo en nuestro caso es que en Catalunya no había ningún tipo de regulación previo a este – en Alemania sí-, por lo que hemos logrado pasar de una situación de desprotección absoluta a una regulación muy avanzada a escala global.

¿Cómo valoráis ese trabajo?
La ley que hemos logrado aprobar existe gracias a toda la movilización previa, gracias 3 años de campañas de desobediencia. Si no fuera por todas las personas que se organizaron para plantarse delante del que les decía que los iba a echar de casa, o del que les iba a subir el alquiler, hoy no tendríamos esta ley.
Por supuesto, también la tenemos gracias a toda la gente que ha estado saliendo a la calle estos años, gracias a las importantes manifestaciones que ha habido exigiendo la regulación. Debido a todo esto se ha logrado que una mayoría parlamentaria en Catalunya considerase inevitable tomar esta medida. Incluso aquellos que podía imaginarse que pudieran estar en contra vieron que era necesario votar a favor, porque ya era algo de sentido común, algo que formaba parte de la conciencia colectiva.

Esta ley incluye la posibilidad de regular los precios de alquiler ¿cuáles son los principales efectos que se buscan con la regulación?

Nos encontramos con que dentro del gobierno había sectores que estaban interesados en trabajar con nosotros

Mediante la regulación se impiden las subidas del alquiler, porque cualquier nuevo contrato no puede estar por encima del precio del anterior, aunque haya un cambio de inquilino. Es decir, aunque alguien salga de una casa y entre una nueva persona, una nueva familia, con un nuevo contrato, este no puede tener el precio por encima del anterior.
Además, en el caso de que el anterior contrato estuviera por encima del Índice Oficial de Precios (un índice que depende de la Generalitat), el nuevo tendría que bajar el precio, al máximo que estipula el índice. Y esto está pasando en un número no menor de contratos. De hecho, las propias inmobiliarias nos reconocen que están teniendo que bajar los precios, no porque quieran, no porque sea su deseo, sino porque la ley les impide subirlo o mantenerlo por encima del índice – ya que en caso de no cumplirlo se les aplica un régimen sancionador muy duro, cuestión que logramos incluir a última hora-.

Una de las principales claves para la aprobación de esa ley ha sido la presión social. La relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos suele ser conflictual, sin embargo, habéis conseguido conducir esa tensión hacia un proceso de negociación que ha dado sus frutos. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Antes que nada, querría resaltar que llegamos a lo que seria la concepción de la ley, tras tres años de movilización, de desobediencia, de lucha muy intensa, de gente muy convencida de que esta era una batalla que había que dar porque nos jugábamos nuestro futuro, nuestra vida, un derecho fundamental. Eso fue lo que precipitó que el gobierno de Catalunya empezase a entender que debía de intervenir mediante algún tipo de regulación.
Desde el inicio nosotros fuimos a buscar al propio gobierno catalán, y nos encontramos con que dentro del gobierno había sectores que estaban interesados en trabajar con nosotros. Gracias a ese trabajo con el ejecutivo, y el apoyo de una mayoría de grupos parlamentarios, la ley salió adelante.

Llegamos a lo que seria la concepción de la ley, tras tres años de movilización, de desobediencia, de lucha muy intensa, de gente muy convencida

Esta finalmente fue impulsada como Proposición de Ley por una constelación de fuerzas, una alianza de cuatro partidos políticos (las que estaban en el gobierno, ERC y Junts, y las que estaban en la oposición, la CUP y els Comuns). Esos 4 partidos se alinearon detrás de nuestra propuesta y formaron un bloque – nosotros también en eso trabajamos muchísimo, en mantener ese bloque unido -, y la ley salió a pesar de todas la críticas de la oposición.
Seguramente lo más difícil fue mantener el bloque unido, pero hay que remarcar que hubo partidos políticos que supieron dejar de lado sus diferencias y escuchar a la ciudadanía, a un movimiento organizado como el nuestro y responder las necesidades de la gente, con el objetivo de empezar mejorar su situación. Digo empezar a mejorar, porque no olvidemos que al final esta ley es de mínimos, no es una solución mágica, lo que hace es proteger un poco más a la gente.
Otro elemento que hizo que los partidos tuvieran que dejar sus pugnas internas de lado, fue que esto no solo lo llevaba adelante el sindicato de inquilinas, sino que tenía el respaldo de la sociedad civil. Ahí estaban los sindicatos del trabajo, estaba la economía social y solidaria, el consejo de juventud nacional, estaban Omnium y ANC… es decir, el apoyo social que tenía era tan grande, que los partidos entendieron que no podían ponerse de lado. En contra se quedaron en minoría las inmobiliarias y el sector rentista financiero.
Esos fueron los factores que permitieron que hubiera un gran acuerdo de país, que contó con la participación de la sociedad civil,  del gobierno, y de la mayoría del parlamento.

¿Cuáles serían las principales lecciones que extraéis de este proceso, que podrían ser extrapolables a otros territorios, para tratar de impulsar procesos similares?
La verdad es que es muy difícil y me da hasta reparo estar en la posición de dar ningún tipo de lección a nadie. Al final, el que mejor sabe leer la realidad de cada lugar es quien vive ahí, quien conoce los problemas de primera mano.
Nosotros creemos mucho en la acción en dos principales dimensiones. Por un lado,  la dimensión del asesoramiento colectivo y la asamblea de base como forma de organizarse lo más horizontal posible. Una organización que permita que a través de la ayuda mutua, a través de la solidaridad, se pueda plantar cara a los sectores más poderosos, especialmente a las inmobiliarias,  a los fondos, a los rentistas.
Hay otra segunda dimensión que es la de la organización a través de la afiliación. La importancia de formar parte de colectivos que cuando tú no puedas estar, haya otra gente defendiendo tus derechos. En realidad no digo nada que en el fondo no nos haya enseñado el movimiento obrero, los sindicatos del trabajo. Se trata ahora de llevarlo al terreno de la vivienda. Fundamentalmente porque nos guste más o nos guste menos, el capitalismo global durante la última década ha visto en la vivienda y en las ciudades un nicho de negocio fabuloso. Y una parte enorme del capital que antes estaba en el trabajo y en la inversión productiva se está desplazando cada vez más a inversiones improductivas y parasitarias. Y esto es algo que nos va a seguir afectando y requiere de organización para combatirla.

Más allá de lo conseguido hasta ahora, ¿cuales son los principales retos que os marcáis de aquí en adelante?
La primera de las batallas es lograr que el vivir de alquiler sea sinónimo de seguridad. Ahora es sinónimo de inseguridad y de precariedad. Para ello hay varias medidas que se podrían tomar.
La primera, que los contratos se renueven automáticamente a no ser que haya un incumplimiento flagrante de las obligaciones por parte del inquilino, o a no ser que el arrendador o propietario necesite esa vivienda para alguna cuestión justificada. Si un inquilino paga un alquiler de forma regular, cumple con sus obligaciones, y el arrendador se beneficia de esa situación, cobrando una renta muy generosa cada mes, tiene que primar la función social de la vivienda, y al final del contrato del alquiler este debe de renovarse.

La vivienda es lo último que una familia deja de pagar, antes deja de comer, esto lo hemos visto. Es terrible pero es así

También está la cuestión de las inmobiliarias y los honorarios. Las inmobiliarias defienden los intereses del propietario, pero quien paga todo el servicio es el inquilino. Es seguramente el mayor robo, y el más normalizado, que se está cometiendo en nuestras ciudades cada día. Al principio se daba en algunas grandes ciudades, ahora se está extendiendo a todas partes. Esto no sucede en ningún otro campo. Que tú vayas a pedir que te den un servicio y el que pague por ello sea un tercero.
Otra cuestión fundamental es el poder tener el derecho a no pagar el alquiler, si el propietario incumple sus obligaciones. Esto sucede en otros lugares, por ejemplo en Nueva York, desde hace muchísimo tiempo. Si a ti te tienen viviendo en condiciones indignas, si no hacen las obras que les tocan, si no arreglan por ejemplo una caldera estropeada… tienes todo el derecho a no pagar el alquiler. Esto es algo que parece de justicia, y que además pasa en cualquier mercado. Si compras un producto pero no te dan el servicio, tienes el derecho a decir que no lo pagas. Pues en el mercado de alquiler a ti te pueden maltratar, te pueden tener en condiciones lamentables, y si dejas de pagar te pueden desahuciar. En la actualidad, la inmensa mayoría, prácticamente el 99% de los inquilinos, pagan el alquiler de forma religiosa. De hecho la vivienda es lo último que una familia deja de pagar, antes deja de comer, esto lo hemos visto. Es terrible pero es así. Justamente por el miedo a sufrir el desahucio.
En definitiva se trata dar dignidad y seguridad a quien vive de alquiler. Estas son medidas muy concretas dentro de la lógica del mercado, pero que cambiarían de forma estructural nuestro sistema. Tenemos un sistema que hace del alquiler una condición tan precaria que la inmensa mayoría de la ciudadanía lo que quiere es ser propietaria. Y esto tiene que ver no tanto con que la gente quiera tener una propiedad, como con que las alternativas son muy inseguras. Cambiando eso, cambiaríamos también un paradigma que viene desde el franquismo, desde finales de los 50, según el cual, o eres propietario o no eres nadie.