Imanol Karrera

El pasado año se cumplieron 10 años del vuelco electoral que apartó a la derecha navarra de las principales instituciones de nuestro territorio, una situación que a día de hoy les resulta insoportable. El sindicalismo socio-político que representa LAB se implicó de manera generosa en una lucha que implicaba una cooperación con diferentes actores socio-políticos no exenta de tensiones y contradicciones, pero sin la cual era imposible aquel objetivo común y concreto. El reto mereció la pena, como lo merece también seguir implicándose en un proceso de democratización y transformación política más allá de la simple fiscalización de las instituciones. El presente reportaje pretende, desde la perspectiva socio-política, abordar las claves para que el sindicalismo transformador contribuya honestamente al cambio en Navarra. Con firmeza, determinación y tensión creativa, desde los centros de trabajo y las calles.

Lo sucedido en Navarra en mayo de 2015 fue más que un cambio de Gobierno; algo que parecía impensable se hizo realidad: el bloque político que había gobernado las principales instituciones navarras desde la transición pasó a la oposición, y una mujer abertzale se convirtió por primera vez en la nueva Presidenta de Navarra. El cambio institucional fue posible gracias al producido previamente a nivel social, en el sentido común colectivo de una parte mayoritaria de la ciudadanía, fruto de la acumulación de agravios en amplios sectores de la sociedad y la incapacidad del sistema institucional denominado “Régimen” de absorber la insatisfacción generalizada.

Se daban las condiciones objetivas para ello: la crisis del 2008 puso en solfa la gestión económica de UPN con los recortes en los servicios públicos, con la desaparición de Caja Navarra como máximo exponente. Pero dichas condiciones no serían suficientes de no ser por la impresionante activación popular sostenida durante años que impregno capas y sectores diversos de toda la sociedad navarra: las seis Huelgas Generales convocadas por el sindicalismo de contrapoder abertzale, las huelgas en los servicios públicos lideradas por LAB, la denuncia de la corrupción ejercida por Kontuz, el masivo ejercicio de pedagogía popular de la inciativa “1512-2012 Nafarroa Bizirik”... La lucha ideológica y movilización social quebró las dos coartadas ideológicas del Régimen conservador y españolista: la supuesta “buena gestión” y la apropiación de la, igualmente supuesta, “identidad de Navarra”.

En ese momento el mencionado sindicalismo de contrapoder abertzale no fue equidistante y se implicó sin complejos en una lucha que suponía asumir condiciones y reivindicaciones que iban a encontrar importantes límites, pero que, a su vez, eran imprescindibles para poder abrir las puertas y emprender el camino del cambio social. Esa condición insuficiente e imprescindible, hizo, como se ha dicho anteriormente, que lo ocurrido en 2015 no fuera un mero cambio de Gobierno, sino un proceso político y social dinámico en sus formas, que todavía hoy sigue abierto y en el que es posible avanzar.

Como dice Álvaro García Linera «la gente no lucha porque esta oprimida, sino porque tiene la esperanza de superar dicha opresión». En aquel contexto de cambio, el sindicalismo estuvo a la altura de esa expectativa exprimiendo toda posibilidad de avanzar. Hoy, el sindicalismo está llamado a ser una herramienta de transformación para seguir jugando un papel fundamental en ese mismo sentido. Así, más allá del papel de mero espectador o de consumidor que “siempre tiene la razón”, es necesaria una práctica unida a conseguir avances, a influir, a profundizar en lo cambios necesarios y asumir de manera colectiva y conjunta los retos de nuestra tierra y de su clase trabajadora. Dicho de otra manera, ampliar el ámbito de lo posible para superar los límites actuales y establecer nuevas estructuras y derechos.

¿Qué ha cambiado en Navarra tras el desalojo de UPN del Gobierno y las principales instituciones navarras hace diez años? Comencemos por lo que no ha cambiado todavía, en primer lugar, respecto al marco político. Navarra (al igual que la CAV) sigue siendo una comunidad autónoma más bajo control del Estado, dependiente en numerosas materias (entre ellas económicas y laborales) del ordenamiento jurídico español, con un proceso de transferencias agotado, y el agravante de que su estatus político no ha sido sometido nunca al voto popular. El balance tras estas cuatro décadas es claramente deficitario, no solo en términos de democratización, sino también en lo relativo a las condiciones de vida y trabajo, dónde la mitad de la población de Navarra vive en una situación de precariedad económica, con toda la gravedad que ello supone.

En consecuencia, el sindicalismo hoy, al igual que entonces, tiene la misión desde un punto de vista socio-político de implicarse e influir en las políticas públicas, así como en la evolución del actual estatus político y en el modelo de desarrollo económico y social. El cambio social en Navarra necesita abordar un debate que permita dar un salto cualitativo más allá de una mera actualización formal de la LORAFNA, con el objetivo de avanzar en la garantía de un trabajo y una vida dignas para la ciudadanía navarra. Un nuevo estatus político que debe ser refrendado por la ciudadanía navarra.

En este sentido, la oficialidad del euskera en todo el territorio navarro es una reivindicación imprescindible. No se puede entender Navarra sin el euskera y desde un punto de vista democrático y de derechos humanos, es incomprensible que se elaboren discursos y decretos para excluir esta lengua en lugar de defenderla y ampliar derechos. Navarra y su sociedad deben basarse en los principios de cohesión e igualdad, que deben aplicarse también en materia lingüística para evitar dividir el territorio en zonas y garantizar la igualdad de derechos para toda la población. En este sentido, si se reconoce el euskera como lengua propia y se ha reclamado ante Europa su oficialidad, el Amejoramiento Foral debe recoger ese carácter propio, es decir, la oficialidad del euskera en toda Navarra y, en consecuencia, también en el ámbito laboral.

En segundo lugar, respecto al modelo económico, Navarra sigue formando parte de una dinámica de acumulación capitalista, la europea, que lleva décadas erosionando las conquistas de la clase trabajadora para acrecentar los beneficios de una élite. Así pues, 10 años después, continúa el proceso de precarización de las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora navarra, que se puede resumir en dos cuestiones básicas. Por un lado, el el reparto de la riqueza. Por el otro, el acceso a la vivienda.

Avanzar hacia la justicia social necesita de una profunda reforma fiscal para que las rentas del capital y las grandes fortunas dejen de ser privilegiadas y paguen como el resto de la sociedad. La reforma llevada a cabo en el año 2015 fue fruto de la pedagogía sindical, de la percepción mayoritaria de la sociedad de que el sistema fiscal era injusto y de que era necesario atajar la fiscalidad regresiva de los gobiernos de UPN.

Sin embargo, y a pesar de ser más progresiva que en la CAV, el resultado sigue siendo totalmente insuficiente para enfrentar y abordar el fortalecimiento de los servicios públicos y otros problemas que afectan a la mayoría trabajadora. Además, las competencias que tiene Navarra en la materia se han utilizado desgraciadamente para beneficiar a las rentas de capital. Sólo así se puede entender que el Gobierno mire a la patronal y no a la parte sindical, donde existe unanimidad al respecto, y que con ello Navarra renuncie a recaudar 2.000 millones de euros vía impuestos y sitúe su presión fiscal 8,7 puntos por debajo de la media europea.

La vivienda es una de las variables que más influye en la precariedad de los trabajadores y trabajadoras. Así, algo que debería ser un derecho de toda la ciudadanía, se ha convertido en negocio y beneficio de unos pocos. Sin capacidad plena de decisión, la política habitacional queda subordinada a intereses externos, por lo que es clave reforzar el autogobierno para intervenir en el mercado del suelo y la vivienda. Se requiere un marco propio que deje de tratar la vivienda como activo especulativo y garantice el derecho universal mediante un parque público amplio y protegido. En Navarra, esto pasa por una ley de arrendamientos propia, por la regulación de precios, por poner freno a la especulación y por los contratos sociales indefinidos para asegurar una alternativa habitacional digna.

En definitiva, tanto a nivel nacional como social hay factores estructurales que todavía no han cambiado. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado, está cambiando, el modelo de gestión político instaurado en el posfranquismo, el denominado “Régimen”. Principalmente eran tres los ejes de abuso de aquel Régimen: primero, una permanente “caza de brujas” contra toda expresión cultural y política vasca, con el objetivo de imposibilitar el proceso de emancipación nacional; segundo, un sistema clientelar estructurado por un bipartidismo asímétrico (donde UPN es hegemónico y el PSN subalterno) y un “frente cultural” liderado por Opus Dei y Diario de Navarra; y tercero, un Diálogo Social a medida de la Patronal, en el que UGT y CCOO garantizan paz social a cambio de prebendas. En los tres ejes se han producido cambios, incompletos, pero profundos. Hoy la gobernanza es más abierta y existen mecanismos de control de acceso general (Oficina Anticorrupción) para hacer frente a determinados abusos de carácter clitentelar. También se ha procedido al reconocimiento de las víctimas de violencia policial y grupos de extrema derecha.

Además, ya no se financian actividades y estructuras de UGT, CCOO y CEN. Gobierno y patronal ya no pueden obviar una realidad que pasa por tener en cuenta también a sindicatos proscritos para ellos y que hoy alcanzan ya más del 40% de la representación sindical en Navarra, ante la pérdida de la mayoría sindical de UGT y CCOO (del 55% al 48%). La obsesión de UGT y CCOO por mantener a toda costa un esquema excluyente e ineficaz denota su nerviosismo por la pérdida de influencia en el seno de la clase trabajadora navarra. Durante décadas el denominado “Díalogo Social” ha sido un marco funcional para sus intereses bajo la premisa del apartheid sindical. Suya era la única representación desde el ámbito laboral en los espacios de participación institucional. Pero con la caída de ese principio discriminatorio, y sobre todo, tras la ocupación y disputa de otros marcos de participación por parte del sindicalismo transformador, queda en evidencia la inutilidad de un marco, excluyente e ineficaz cuya única finalidad ha sido siempre la de obstaculizar la posibilidad de cambios,
Así sucede en la actualidad, cuando bloquean el normal funcionamiento y competencias del Consejo Navarro de Salud Laboral (a pesar de la sangrante tasa de siniestralidad laboral en Navarra), impiden la democratización del Tribunal Laboral o se niegan a negociar un salario mínimo propio para Navarra bajo el pretexto del “Acuerdo Intersectorial de Navarra sobre Relaciones Laborales” de 1995 y la posterior Ley Foral 22/2014 de 12 de noviembre, que crea el Consejo Navarro del Diálogo Social, “máximo órgano de encuentro, participación y negociación institucional en Navarra entre el Gobierno Foral y las organizaciones empresariales (CEN) y sindicales (UGT y CCOO)”.

En consecuencia, desde una posición socio-política que no puede ser neutral para con el pulso político-institucional, la ocupación y disputa de los marcos de participación institucional (Servicio Navarro de Empleo, Consejo Navarro de Salud laboral, Consejo Económico y Social, Mesa de Contratación Pública, Mesa de Industria, Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal…) son a día de hoy espacios de lucha y confrontación en defensa de los intereses de clase frente a los corporativos y neoliberales, frente a un Diálogo Social que es incapaz de conectar con la conciencia, necesidades y preocupaciones de la clase trabajadora.
Cualquier cambio social cualitativo, y más aún cuando el mismo supone un avance en términos de democratización, conlleva inevitablemente conflicto y confrontación, y esto sucede en todos los ámbitos. Solo así puede entenderse el plantón público de UGT y CCOO a la presidenta Chivite cuando ésta convoca a todos los sindicatos para informar del proceso de regularización en Navarra. No soportan la pérdida de su monopolio institucional, y se ven en la necesidad de defender su marco reservado ante la ocupación por parte del sindicalismo transformador de espacios que consideraban suyos y están sirviendo para aportar a una dialéctica que acompaña las luchas en centros de trabajo y en las calles.

Dicho de otra manera, el sindicalismo combativo, socio-político y transformador que representa el sindicato LAB ha demostrado ser capaz de liderar la confrontación en los espacios institucionales con discurso propio y alternativas transformadoras frente a los intereses del capital; y a su vez liderar huelgas frente al Gobierno de Navarra y empresas de todos los sectores, sin perder autonomía ni capacidad de lucha, una excepción en el actual espacio sindical, que hace diferente la forma de hacer las cosas.

El sindicalismo transformador desde el ámbito laboral y a través de la defensa de un marco propio ha asumido el liderazgo de la defensa de unas condiciones de vida y de trabajo dignas para todos los trabajadores y trabajadoras navarras tomando como base el autogobierno de navarra, antes en manos de la derecha foral y española. Un autogobierno que debe ser dotado de una mirada estratégica soberanista.

UGT y CCOO ya no pueden garantizar la paz social. Las luchas por un salario mínimo propio, por conseguir el primer Convenio de Residencias de Navarra, recuperar el convenio navarro de gráficas, acompañadas de grandes logros previos como el Convenio de Intervención social de Navarra, la carrera profesional en Osasunbidea, cláusulas sociales en las subcontratas de la adminsitración, publificación de cocinas hospitalarias, ambulancias y atención a la infancia… son un ejemplo de la aportación que desde el sindicalismo combativo se realiza diariamente, impulsando y acelerando el cambio mediante el pulso de clase.

La organización de empresarios CEN acompañada de los sindicatos UGT y CCOO observan los avances (para ellos retrocesos), y como se ha señalado antes, mantienen sus resistencias. La plataforma “Pro TAV”, la defensa del Canal de Navarra, los vuelos a Madrid y la falacia del absentismo forman parte de la agenda de su reacción.

10 son los años que han transcurrido desde aquel cambio. 50 desde que nació el sindicato LAB con una clara y ambiciosa vocación socio-política para aportar al proceso de liberación nacional y social de Euskal Herria. Esta forma distinta de ver y hacer las cosas se debe a su compromiso para continuar con la lucha por el cambio político y social en su país y con su clase trabajadora. También para acompañar los procesos e intentos en otras partes del mundo articulando alianzas y luchas democráticas y transformadoras.